Si su recurso no prospera, el juez César Romero Pamparacuatro quedará apartado de la instrucción del caso "Unión".

Esta decisión, y la cadena de hechos que han llevado a la misma, puede provocar un cierto desasosiego y desconfianza en la ciudadanía, toda vez que pudiera parecer fruto de una estrategia deliberada de apartamiento del juez.

Sin embargo, desde el ámbito de la política, los responsables públicos y orgánicos han de jugar un papel que, lejos de cuestionar la independencia judicial y las decisiones de los órganos judiciales, contribuya a extender un cierto sosiego en aras a preservar la imagen de la justicia.

En ese sentido, compartiendo la perplejidad e incomprensión que esta decisión puede provocar, han de realizarse algunas consideraciones.

En primer lugar, la Justicia, con mayúsculas, no depende de la bondad de un determinado juez o magistrado. Es el sistema el que ha de funcionar. En ese sentido, sin desmerecer ni un ápice la consideración a que se ha hecho acreedora la actuación del juez Pamparacuatro, no debe presumírsele menor vigor, dedicación y capacidad de tomar decisiones a quien le sustituya.

Por otra parte, la instrucción del sumario no depende en exclusiva del juez instructor. En gran medida, la investigación depende del papel que ejerzan la Fiscalía y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, papel que hasta el momento ha sido excepcional.

Por tanto, la sustitución del juez Romero Pamparacuatro, más allá de la sorpresa e incluso del estupor, ha de ser considerada dentro de un esquema más global: el de una Justicia en la que se debe confiar, por más que se pueda desconfiar de algunas decisiones a la hora de impartirla.

Dicho eso, no es menos cierto que causaría una enorme satisfacción y tranquilidad en la sociedad insular que la instrucción del caso volviera a las manos de César Romero Pamparacuatro.