El referéndum islandés ha vuelto a situar en la primera página de la actualidad la “revolución islandesa”. Los islandeses se niegan a pagar por la quiebra de un banco privado, el Icesav, o al menos eso es lo que nos han contado.

Sin embargo, lo que las crónicas no destacan es que la decisión de los islandeses afecta tan solo a los ahorradores extranjeros del Icesave, porque el estado islandés ya garantizó los depósitos de los nacionales ante la quiebra del banco.

Por tanto, la pretendida revolución islandesa cuestiona solamente el alcance de la responsabilidad de Islandia, no el hecho de haber indemnizado a los ahorradores islandeses afectados por la quiebra del Icesave.

Y esa es la base de la reclamación de Inglaterra y Holanda: la discriminación en virtud de la nacionalidad en cuanto al rescate estatal del Icesave, algo totalmente incompatible con la legislación comunitaria.

Aclarado ese aspecto, parece necesaria la reflexión sobre la oportunidad, o no, de que cualquier estado afronte las posibles pérdidas de los ahorradores ante la quiebra de un banco.

La creencia establecida es la de la responsabilidad estatal, total o limitada, ante la caída de una institución financiera. Esta convicción, sin embargo, resulta totalmente incompatible con un escenario de desregulación financiera. En efecto, puede entenderse que en un sistema en el que la banca está fuertemente regulada el estado vigilante haya de constituirse en estado garante cuando la supervisión falla. Lo que no resulta asumible es celebrar como la conquista de una nueva libertad la desregulación del sistema bancario y pedir la intervención para cubrir los errores, o las estafas, de los gestores.

En cuanto a la responsabilidad de los gestores, no deja ésta de ser una simplificación muy socorrida. En la atribución de responsabilidades de la insolvencia de determinadas entidades financieras, ha faltado sistemáticamente la crítica a la posición de los ahorradores. Dicho más claro, a la avaricia imprudente de pequeños o grandes ahorradores que un día descubrieron que eran mucho más inteligentes que sus vecinos, que habían dado con la fórmula ideal de ahorrar, con el mejor banco del mundo, o con el director de banco más espabilado e inteligente, vamos, lo del duro a cuatro pesetas.

Volviendo a la responsabilidad estatal, cabe preguntarse en que medida la sociedad islandesa en su conjunto ha sido corresponsable de la caída de Icesave. Antes del brusco despertar, Islandia era un país que en poquísimos años pasó de pescar bacalao a marcar el ritmo en los parqués, que se jactaba de llevar el espíritu de los vikingos al negocio financiero, que adquiría alegremente vehículos cuatro por cuatro y barcos de recreo, que se hipotecaba en euros, dólares y yenes aprovechando la fortaleza ficticia de su moneda, que convirtió a sus tiburones financieros en herederos del espíritu de Erik el Rojo.

No queda más remedio que reconocer que al estado absentista de sus obligaciones, que dejó campar por sus fueros a banqueros sin escrúpulos, se le juntó la codicia de los inversores y la tolerancia, cuando no la admiración, de una sociedad embobada ante la magnitud de los balances trucados y un crecimiento que se prometía sin fin.

Al final de la historia no hay revolución sino lamento. Al final de la historia no hay héroes pues, en cierta medida, todos son villanos, ninguno es, somos, inocente.