Mientras que los bancos españoles necesitan 53.745 millones de euros para su saneamiento, la memoria económica del Decreto Ley que regula el Fondo de Liquidez Autonómica establece en 26.826 millones de euros las necesidades de las comunidades autónomas.

Tan solo Bankia, con unos requerimientos de 24.743 meuros, iguala prácticamente a al conjunto de las comunidades españolas, mientras que entre todas las entidades financieras duplican las necesidades públicas.

Pero no sólo se produce esta brutal descompensación entre los importes, sino en el destino de las necesarias aportaciones económicas.

Las entidades financieras necesitan dinero público para equilibrar sus balances e impedir quiebras en cascada. La mayor parte de las comunidades autónomas son solventes, se mantienen en los ratios de endeudamiento autorizados y habrán de acudir al FLA tan solo por las dificultades para acceder al crédito bancario, algo que sufren también las empresas y particulares.

Por tanto el dinero que se aporte a los bancos quedará inmovilizado hasta que, en un día lejano, esos mismos bancos se vendan y se trate de recuperar lo invertido por el estado. El dinero adelantado a las comunidades será devuelto en los próximos ejercicios.

Hay más diferencias entre ambos “rescates”. Las entidades financieras en riesgo han sufrido las consecuencias de su indigestión de suelo y ladrillo, más allá de los sueldos escandalosos de sus “responsables”, mientras que el dinero de las CA ha ido en su mayor parte a financiar servicios a sus ciudadanos, más allá de algún aeropuerto sin aviones y de algún caso de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Sorprende que, ante esta realidad, el discurso de la derecha pase por demonizar el gasto público, o todo lo público para ser más exactos, y tratar de utilizar una situación coyuntural para poner en tela de juicio el estado descentralizado.

Juraría que el problema de verdad está en los bancos.