En apenas cinco días la gente de esta tierra ha salido dos veces a la calle de manera multitudinaria, dejando una sensación agridulce. Por un lado el inevitable y maravilloso goce de ganar de nuevo la calle como calle de todos, como espacio en el que aunar voluntades y demandas, en el que reconocernos ciudadanos y ciudadanas de esta tierra.

Pero por otro lado, a la satisfacción por el ejercicio democrático que supone utilizar el derecho a la huelga y a la manifestación, se le une la indignación provocada porque un gobierno, en menos de cien días, se haya hecho merecedor del reproche ciudadano.

El gobierno popular ha golpeado, además, en dos temas claves para el futuro: las autorizaciones a Repsol que ponen en riesgo nuestro medioambiente y nuestro modelo productivo y la reforma laboral que liquida años de conquistas sociales convirtiendo a los trabajadores y las trabajadoras de este país en meros números en la ecuación de los beneficios empresariales.

Frente a esas agresiones se ha producido una respuesta contundente pero cargada de civismo, de respeto por las formas y a las reglas de la democracia, algo que no ha hecho el gobierno popular, ebrio de votos y parapetado tras una mayoría absoluta que entiende como patente de corso.

Desgraciadamente las declaraciones previas del aparato popular hacen temer que el gobierno hará oídos sordos al clamor que hoy ha recorrido el país. Es más, probablemente este viernes el Consejo de Ministros saque adelante unos presupuestos que van a ser más de lo mismo: recortes sociales y pérdida de derechos, en la más pura ortodoxia neoliberal.

Será necesario, por tanto, volver a salir a la calle, seguir armando una reacción ciudadana firme y constante, capaz de trasmitir a Rajoy y a su gobierno que así no, que España no va a salir de la crisis machacando precisamente a quienes no la han provocado.

Las mismas reglas de la democracia que les han dado una mayoría absoluta, reservan a los ciudadanos y a las ciudadanas el uso de la calle, el recurso a la huelga y a la desobediencia civil para impedir que usen ese poder absoluto en contra del pueblo que le dio los votos pero no un cheque en blanco.